Se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para víctimas de violencia de género, terrorismo, trata de seres humanos, menores de edad y personas con discapacidad psíquica que sean víctimas de abuso o maltrato. Este derecho es independiente de los recursos económicos de la víctima y se aplica una vez adquirida la condición de víctima.